Por Pedro Moctezuma
Barragán y Elena Burns
"La crisis
vino a reforzar el mandato del 4º Artículo Constitucional de contar ya con una
Ley General de Aguas que garantice cumplir con los derechos humanos y de los
pueblos al agua, la salud y un medio ambiente sano".
El lunes 6 de abril la directora general
de la Conagua anunció su Plan de Emergencia frente a la contingencia sanitaria:
104 pipas prestadas por la CMIC, 402 cisternas donadas por Rotoplas, 8450 latas
de agua potable donadas por Heineken, junto con el compromiso de que, ahora sí,
se hará todo lo posible para que los hospitales y clínicas del país reciban
agua, siempre a cambio de un pago.
¿Cómo llegamos a
esta ridículamente trágica respuesta frente al tamaño de lo que enfrentamos?
¿Qué podemos hacer?
No hay agua para la
vida porque, bajo las leyes neoliberales establecidas en 1992, la razón de ser
de las “autoridades del agua” ha sido otro: garantizar agua y obras hidráulicas
para los “intereses” a través de sus aliados políticos federales, estatales y
municipales.
La Conagua ha
derrochado $75 mil millones en las obras hidráulicas requeridas para construir
un aeropuerto en un lago, asegurando a la vez que Grupo Carso pueda lucrar con
las aguas residuales de la Ciudad de México.
Las comisiones
estatales, por su parte, se han dedicado a costosas obras hidráulicas inoperantes
(Túnel Canal General), ilegalmente impuestas (Acueducto Independencia, trasvase
Milpillas), privatizantes (desaladora Rosarito) o plagadas con dinámicas de
corrupción (Zapotillo). Los organismos municipales en ausencia de controles
ciudadanos, sirven como la caja chica para las futuras campañas políticas de
los presidentes municipales.
Mientras tanto, 36
millones de mexicanas y mexicanos no tienen agua en sus casas excepto
ocasionalmente, y solo 14% de las clínicas en zonas indígenas cuentan con agua,
luz y drenaje.
Esto tendrá que
cambiar pronto: la crisis de COVID 19 vino a reforzar el mandato del 4º
Artículo Constitucional de contar ya con una Ley General de Aguas que garantice
cumplir con los derechos humanos y de los pueblos al agua, la salud y un medio
ambiente sano a través de la participación.
Afortunadamente se
está generando entre ambas cámaras legislativas y desde la ciudadanía y los
pueblos así como entre sectores importantes del Ejecutivo, la voluntad política
suficiente para superar los bloqueos de los que buscan conservar el control
autoritario y privatizante del vital líquido.
Mientras logremos
la nueva Ley, hay mucho que podremos hacer frente a COVID 19: Los $10 mil
millones aprobados en el presupuesto 2020 para fracking podrían ser
transferidos a la Secretaría de Bienestar para obras comunitarias de agua y
saneamiento. La Conagua podría reducir, extinguir o revocar las megaconcesiones
a particulares que están dejando a las comunidades aledañas sin agua, y podría
poner fin a sus prácticas, ampliamente documentadas, de discriminación en
contra de comunidades indígenas. La CFE podría suspender el cobro de luz para
sistemas comunitarios en zonas marginadas. Las Comisiones de Derechos Humanos
podrían abrir mapas interactivos en internet para reportar la falta de acceso
al agua, y se podría exigir que los municipios visibilicen los volúmenes de
agua entregados para usos no esenciales.
Todo esto nos
abriría camino para la nueva institucionalidad que vendrá con la aprobación de
la Ley General de Aguas, bajo la cual el agua será gobernada con base en planes
ampliamente consensuados para el acceso equitativo y sustentable, con
contraloría ciudadana y social.
El agua no es una
cuestión de limosnas, sino de derechos.
*Pedro Moctezuma
Barragán y Elena Burns son integrantes de la Coordinadora Nacional Agua para
Todxs, Agua para la Vida.
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