Ciudad de México. (SinEmbargo).– De 1996 a 1998, el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León privatizó el sistema ferroviario mexicano. Otorgó concesiones por entre 20 y 50 años al Grupo Ferroviario Mexicano (Ferromex), Grupo Acerero del Norte (Peñoles), Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana, Grupo Triturados Basálticos (Tribasa) y por mil 400 millones de dólares a Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM), asociada con la estadounidense Kansas City Southern Industries.
Al término de su gobierno, Zedillo participó en el Consejo de Administración de Union Pacific, miembro del Grupo Ferroviario Mexicano (GFM) formado también por Grupo México e Ingenieros Civiles Asociados (ICA), a quien le dio una concesión en 1997 para operar el Ferrocarril Pacífico Norte.
Las líneas concesionadas cubrieron 22 mil 130 kilómetros de vía, el 84 por ciento de la red ferroviaria y el 95 por ciento del sistema ferroviario nacional a finales de la década de los 90; el personal empleado era de 15 mil 500 personas y se contaba con mil 220 locomotoras y 254 mil carros de carga, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Transporte (IMT). Para 2017, la infraestructura ferroviaria en México suma un total de 23 mil 366 kilómetros de vía en operación, de acuerdo con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF).
El 55.4 por ciento de la carga total transportada por ferrocarril se concentra en el maíz, el cemento, los contenedores y los laminados de fierro y acero, muestran datos de la ARTF.
“No se vio bien, no es ético. Zedillo promueve la privatización de los ferrocarriles y termina su mandato y se va a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles nacionales”, declaró el Presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia matutina sobre “la puerta giratoria” de ex presidentes.
Su gobierno plantea la construcción del Tren Maya y un corredor transístmico para el desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec a través de la asociación público privada.
“El primer ferrocarril se hizo en la época de la República Restaurada, lo inició Juárez, lo terminó Lerdo, fue el ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, poco más de 600 kilómetros; y Porfirio Díaz hizo más de 20 mil kilómetros, se comunicó a todo el país; y luego en la Revolución, lo mismo. Y llegaron estos tecnócratas, corruptos, irresponsables, y en un abrir y cerrar de ojos acabaron con los ferrocarriles”, reiteró el mandatario la semana pasada.
LA VENTA DE TRENES
La primera ruta México-Veracruz fue inaugurada en 1873 durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada. Los Ferrocarriles Nacionales de México fueron creados por Porfirio Díaz en 1907, sirvieron en la Revolución para transportar tropas y fueron nacionalizados por Lázaro Cárdenas del Río en 1937.
Pero en 1995 inició el proceso de privatización del sistema ferroviario mexicano al aprobarse una reforma al Artículo 28 Constitucional que permitió la inversión privada en ferrocarriles.
En diciembre de 1996, Transportación Marítima Mexicana, asociada con la estadounidense Kansas City Southern Industries y filial de Transportación Ferroviaria Mexicana, ofreció al gobierno mil 400 millones de dólares por la concesión de 3,960 mil kilómetros de vías, más de 3 mil locomotoras y alrededor de 10 mil vagones. Ese tramo de vías férreas, que movía el 40 por ciento de la carga, se conectó con vías de Estados Unidos y Canadá.
En junio de 1997, se pagó la concesión de 50 años por 4.5 millones de dólares del Ferrocarril Pacífico Norte al Grupo Ferroviario Mexicano (GFM) formado por Grupo México, Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y la norteamericana Union Pacific, de la que fue consejero el ex Presidente Ernesto Zedillo. La empresa Ferrocarril Mexicano (Ferromex) empezó a operar la línea de 6 mil 200 kilómetros un año después.
En octubre de 1997, se dio la concesión por 20 años de la línea corta Coahuila-Durango, al Grupo Acerero del Norte asociado a Industrias Peñoles, así como la concesión por 20 años de la línea corta Tijuana-Tecate a Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana.
Y en julio de 1998 julio se anunció la concesión del Ferrocarril del Sureste por 50 años al Grupo Triturados Basálticos (Tribasa) por 322 millones de dólares.
Las ventas se dieron bajo el argumento oficial de que 81 por ciento de las vías estaban deterioradas y el parque de vehículos operaba a 60 por ciento de su capacidad.
Para agosto de 1999, Ferrocarriles Nacionales de México dejó de administrar y operar las vías generales de comunicación ferroviaria y de prestar el servicio público de transporte ferroviario.
LOS TRES LÍDERES
Ferromex y Ferrosur de Grupo México, así como Kansas City Southern de México (hasta 2005 Transportación Ferroviaria Mexicana) son las empresas ferroviarias que acaparan el 93.6 por ciento de la participación en las vías terrestres, de acuerdo con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.
Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, se define como la empresa de transporte ferroviario más grande, más rentable y de mayor cobertura en México al ofrecer servicios de carga general e intermodal por ferrocarril, así como de transporte de pasajeros. Sus filiales son Ferromex, Ferrosur e Intermodal México.
De acuerdo con el Portal de Transparencia, Ferromex ha recibido 33 concesiones desde la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, con vigencias de cinco a 50 años, incluyendo el permiso para instalación de anuncios publicitarios.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) le ha dado 20, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le ha brindado una y de las 12 dadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) destacan las vías Pacífico-norte, en Ojinaga-Topolobampo y la Vía Corta Nacozari, que suman 46 por ciento de la participación en el mercado.
De transporte de pasajeros, Ferromex ofrece servicios turísticos en la zona de haciendas tequileras en Jalisco, llamado “Tequila Express” y otro en las Barrancas del Cobre, en la ruta del “Chepe” de Chihuahua a Los Mochis, Sinaloa.
La filial Ferrosur, que opera 14 por ciento del total de participación, ha obtenido 12 concesiones desde Ernesto Zedillo hasta la fecha, con vigencia de 30 a 50 años. Ocho han provenido de la SCT, entre ellas, para las Vías Cortas Oaxaca y Sur, y las otros cuatro de la Conagua.
En mayo pasado, durante el proceso de campañas, Grupo México emitió una carta a sus empleados, colaboradores y accionistas para asegurar que las concesiones mineras, ferroviarias y carreteras que opera no son producto de corrupción como el entonces candidato presidencial “injustamente” acusó.
“El término ‘concesión’ no es sinónimo de corrupción ni de compadrazgo como se ha insinuado recientemente”, escribió Germán Larrea, quien en la lista de Forbes está en el segundo lugar de los hombres más ricos de México, con una fortuna cifrada en 17 mil 300 millones de dólares. “Como empresario creo en un modelo capitalista de libre mercado con un alto contenido de responsabilidad social”, aseguró. Por lo que criticó las intenciones de “un gobierno populista” y la “estatización de empresas”.
López Obrador respondió desde un mitin que entendía que Larrea Mota Velasco “no quiera el cambio porque le ha ido muy bien. Él, antes de Salinas [Carlos Salinas de Gortari], no aparecía en la lista de los hombres del mundo […] Aparece desde que Salinas le entregó la mina histórica de Cananea, en Sonora”.
Esta semana ambos se reunieron en Palacio Nacional para hablar sobre las víctimas de la mina Pasta de Conchos.
Respecto a Kansas City Southern de México, dirigida por José Guillermo Zozaya Delano, el Portal de Transparencia registra siete concesiones por 50 años dadas por la SCT y Conagua para la vía ferroviaria del Noreste, que opera el 32.80 por ciento de la participación del mercado ferroviario.
“Hemos podido contactarnos con Obrador y todos los equipos de los candidatos y hablar de esto en términos de concesión; todos ellos nos han expresado directamente su interés en respetar los términos de la concesión y, por supuesto, el imperio de la ley. Entonces nos sentimos muy seguros en ese sentido”, manifestó Zozaya en el periodo de elecciones respecto a la continuación de las concesiones.
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