El impacto económico del Covid-19 ya
ha hecho que en las dos últimas semanas casi 10 millones de estadounidenses
hayan perdido su empleo y el paro se haya disparado al 4,4 %
5 de abril de 2020
Un hombre conduciendo una bicicleta
frente a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), en medio del brote de la
enfermedad causada por el coronavirus (REUTERS/Mike Segar)
Estados Unidos aprobó un paquete de medidas de estímulo de 2,2
billones de dólares para paliar los efectos del coronavirus sobre su
economía y que incluye inyecciones directas al bolsillo de los ciudadanos con
el objetivo de reactivar el consumo, lo que se conoce como “dinero
helicóptero”.
El impacto económico de la pandemia del Covid-19 ya ha hecho que en las
dos últimas semanas casi 10 millones de estadounidenses hayan perdido
su empleo y el paro se haya disparado al 4,4 %. La semana anterior, el
Congreso de EEUU aprobó un plan de estímulo que contempla dar 1.200 dólares a
muchos estadounidenses o aumentar las prestaciones habituales de desempleo,
entre otras medidas.
Es el mayor plan de estímulos de la historia del país y representa
alrededor del 10 % del producto interior bruto (PIB) de EEUU.
¿Qué es el dinero helicóptero?
Es una política monetaria o fiscal expansiva que pueden aplicar los
gobiernos o los bancos centrales que consiste en dar de forma directa
dinero a los ciudadanos con el fin de estimular la economía en un
periodo de recesión o cuando los tipos de interés están a cero.
Se trata de un término empleado en los años 70 por el premio Nobel de
Economía Milton Friedman que explica qué pasaría si un
helicóptero se dedicara a tirar dinero a los ciudadanos.
La teoría, que considera que reactivaría el consumo, vuelve a ponerse
sobre la mesa en un momento en el que los bancos centrales empiezan a quedarse
sin munición.
¿A quien se dirige en EEUU?
El paquete de estímulo fiscal aprobado por el Congreso de EEUU es
el triple del que se puso en 2009 tras el estallido de la crisis
financiera y que entonces ascendió a 700.000 millones de dólares.
Incluye una partida de cerca de 250.000 millones de dólares que se
reservarán para efectuar pagos directos a individuos y familias de 1.200
dólares para quienes tengan una renta de menos de 75.000 dólares al año, a lo
que se añadirá 500 dólares por cada menor de 17 años.
Dispone otros 350.000 millones en préstamos para pequeñas empresas y
250.000 millones más para ampliar los beneficios por seguro de desempleo.
Otorga, además, 150.000 millones de dólares para el apoyo a las autoridades
locales y estatales, y otros 130.000 millones para reforzar el sistema
sanitario, que en algunos lugares, como el estado de Nueva York, comienza a
estar saturado.
Trabajadores sanitarios mueven
cuerpos de personas fallecidas del Centro Médico Wyckoff Heights durante el
brote de coronavirus (COVID-19) en Nueva York. 2 de abr 2020. REUTERS/Brendan
Mcdermid
¿Cuáles son las principales ventajas?
Si existe una capacidad productiva suficiente y la población no ahorra
el dinero recibido, estimula el consumo, lo cual reactivaría la
economía. Además, frenaría la caída de precios en momentos de
deflación.
¿Cuáles son los inconvenientes?
Según los expertos, el primero es la distorsión del mercado,
ya que los ciudadanos podrían comenzar a consumir bienes y servicios que antes
no consumían. Además, supondría una devaluación de la moneda, lo
que encarece las importaciones, algo que no favorece a países como España -muy
dependiente del gas y el petroleo exterior- y que puede generar inflación.
¿Se puede implementar en la Unión Europa?
Existen diferentes criterios entre los estados miembros sobre qué tipo
de medidas a aplicar para combatir la crisis económica provocada por el
Covid-19 por lo que parece difícil una acción coordinada en este sentido.
Sin embargo, los distintos Gobiernos pueden aplicar una bajada
de impuestos generalizada a autónomos, pymes y empresas que permita
reactivar la capacidad del tejido productivo y a los ciudadanos, lo que
permitiría aumentar la demanda.
Sin embargo, en un país como España, con un problema de déficit, debería
ir acompañado de una reducción del gasto público. Algunos expertos apuntan a
que podría ser el momento de acabar con duplicidades administrativas y otros
gastos improductivos que no tiran de la economía.
(Con información de EFE)
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