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La pandemia del coronavirus ha vuelto a poner en jaque al libre mercado.
Como en 2008, cuando mandatarios como Nicolas Sarkozy pidieron una refundación
del capitalismo o líderes patronales como Gerardo Díaz Ferrán clamaban por un
paréntesis que regenerara la confianza perdida en las bolsas. Casi doce años
después, el líder del PP vuelve a agitar el supuesto fantasma de las
nacionalizaciones. Pero el mercado responde a Pablo Casado -son necesarias para
salvar balances de empresas y contener la recesión más profunda- y, de paso,
entierra a dos de sus referentes ideológicos: es el final del consenso
neoliberal de Reagan y Thatcher.
DIEGO HERRANZ
Cuando el 15 de septiembre de 2008, el gobierno estadounidense, cuna del
libre mercado, dio orden de nacionalizar Lehman Brothers, mientras el Kremlin,
arquetipo del modelo estatalista de los regímenes comunistas, decretaba la
suspensión de la cotización de la Bolsa de Moscú -el gran emblema del libre
mercado-, los analistas se preguntaron a qué se debía este movimiento telúrico
registrado en los cimientos mismos de la arquitectura financiera internacional.
En pocos días, el ambiente se aclaró.
La teoría de que la economía mundial se adentraba en un crash sin
parangón desde 1929 cobró rango de mandamiento. En medio de voces de
autoridades políticas y de dirigentes empresariales que reclamaban casi al
unísono la urgente movilización de recetas keynesianas que sacaran al
capitalismo de su paradoja, de su duda existencial.
El mercado ofrece el primer signo de
"rebote técnico" tras su caída vertical de marzo, que refleja el
"impacto de los gobiernos y bancos centrales por proteger sectores enteros
en tiempo récord" y poder gestionar la economía real de forma efectiva.
La pandemia del covid-19, su súbita e
incontenible propagación, las excepcionales medidas de confinamiento en todo el
mundo y las obligadas hibernaciones económicas para detener su expansión,
limitar el catastrofismo sanitario y, sobre todo, frenar el número de
fallecimientos, ha vuelto a sacar a la palestra la contrariedad que crea entre
los defensores del neoliberalismo a ultranza del mercado los episodios de grandes rescates públicos provocados
por debacles bursátiles, deterioros de los balances financieros por altas
concentraciones de activos tóxicos y recesiones económicas.
Uno de los últimos exponentes de
esta recurrente
crítica al intervencionismo estatal ha sido el presidente del
PP, Pablo Casado, quien, en una entrevista en Telecinco, aseguró que Podemos,
socio de Gobierno de los socialistas, quiere convertir España en Grecia: "Pablo Iglesias empieza a decir que la propiedad privada está
supeditada al interés general. Ya vemos dónde conduce eso. A
Venezuela o a Grecia. ¿Se va a nacionalizar un medio de comunicación o una
empresa privada y tenemos que apoyarlo?", espetó.
La pregunta, cargada de ironía, de Casado ha tenido cumplida respuesta
desde el mercado. Yves Bonzon, CIO de Julius Bär, explica en un análisis de la
coyuntura global del banco suizo que el primer signo de "rebote
técnico" en los mercados tras la caída vertical de cotizaciones entre el 5
y el 23 de marzo, reflejan el "impacto de los gobiernos por proteger
sectores enteros de la economía en tiempo récord" y evitar "ventas
masivas [en las plazas financieras] forzadas por inversores en busca de
márgenes provechosos y beneficios inmediatos".
Pero "esta fase parece superada", explica Bonzon,
"gracias a la decisiva intervención de los bancos centrales, que se
aprovecharon de la experiencia labrada en la crisis de 2008" y que han
logrado estabilizar la esfera financiera y, sobre todo, mantener sus funciones
activas y al día. Un compás de espera necesario para "poder gestionar
efectivamente la economía real".
El Chief Information Officer de Julius Bär, en su diagnóstico de la
última semana, va más allá de esta descripción de la coyuntura, que anticipa un
primer dique de contención estatal -de bancos centrales y de gobiernos-, para
amortiguar la meteórica y profunda contracción de la actividad, que apunta a
tasas de dobles dígitos, con históricas destrucciones de empleo.
Bonzon habla de la necesidad de acometer nacionalizaciones "para salvar
los balances de las empresas", de otra tregua -o paréntesis en
la economía de mercado, como reclamó en 2009 el entonces presidente de la CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán- y del final del consenso neoliberal de Ronald Reagan y
Margaret Thatcher. Dos de los referentes ideológicos en el PP. O, al menos, entre los grandes arquitectos
del mal llamado milagro económico español y de FAES, dos fuentes del
pensamiento popular de los que nunca ha renegado precisamente Casado. Una vez
más -dice Bonzon- el shock provocado [por la crisis del coronavirus] "en
el sector privado ha condenado a las economías" a pedir auxilio a
modo de "respuestas monetarias y fiscales" en nombre de su propia
supervivencia. "Empresas y autónomos deben recibir al menos una
compensación parcial de sus ingresos perdidos" desde el ámbito gubernamental.
Como si percibieran una indemnización
por daños derivados de un desastre natural por parte de una
aseguradora, aclara. "En ausencia de tales transferencias", del
Estado al sector privado, sus balances engordarían con "deudas
adicionales" que retrasarían de forma "considerable" la
recuperación posterior al confinamiento.
Saneamiento estatal de empresas
"En otras palabras" -suscribe el directivo de Julius Bär-, el
sector privado no puede ser saneado con recursos voluntarios -o forzosos- que
procedan del ámbito empresarial. Porque, "reducir o cancelar los
alquileres, por ejemplo, de manera temporal, puede aliviar casos
individuales" pero, "colectivamente, dentro de un ámbito nacional,
alimentaría la espiral deflacionista".
De ahí que -asegura- en nombre del interés general, medidas de apoyo
como las garantías de pago de los alquileres deban "proceder de las
cuentas estatales"; lo cual revela dos lecturas claves: que el riesgo de
que se instauren políticas intervencionistas bien intencionadas, aunque puedan
llegar a ser contraproducentes, "es elevado en los próximos meses" y
que, sin el salvavidas financiero de los gobiernos, las empresas "no
tendrían salvación" posible.
cPara, acto seguido, señalar que el
"consenso neoliberal nacido en los años ochenta" del siglo pasado,
"con Reagan y Thatcher [como estandartes], ha muerto definitivamente"
(is dead for good this time). En estos tiempos, aclara
Bonzon, "nos dirigimos hacia un capitalismo de estado, similar
al que una vez se practicó en la década de los cuarenta, durante la
guerra". Es una inexorable pérdida de la libertad de mercado. Pero
"estamos ante el peligro de que el control de la curva de rendimiento,
como hace Japón, se extienda por Europa y EEUU".
"Nos dirigimos hacia un
capitalismo de estado, similar al que una vez se practicó en la década de los
cuarenta, durante la guerra"; es una inexorable pérdida de la libertad de
mercado hasta que se restaure la curva de rendimiento en Europa y EEUU
Las valoraciones oficiales del banco de
inversión suizo también son un torrente
de realidad sobre las interpretaciones
político-mediáticas que tildan de "ideológicas" las medidas del
Gobierno de coalición y sobre
discursos como los del Círculo de Empresarios, que se autodefine como un centro
de pensamiento del sector privado, y que arremeten contra el carácter
confiscatorio del gobierno o que, en boca de su presidente, John de Zulueta
(1947, Massachusetts), que dirigió las riendas de Sanitas durante casi dos
décadas, hasta 2009, y que considera a la ministra de Trabajo y Economía
Social, Yolanda
Díaz, como una "ultraizquierdista que trata a los empresarios
como criminales", tal y como refleja en una entrevista reciente en El Mundo.
De Europa, asegura que la crisis del
coronavirus la someterá a "un nuevo examen de cohesión".
Después de que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, al que define como el
criterio surgido en Maastricht para evitar presiones inflacionistas en la zona
monetaria surgidas por déficits fiscales excesivos, "haya muerto en
combate".
El analista de Julius Bär cree que la UE dejará atrás las políticas de
austeridad, por efecto de las coberturas sociales de emergencia indiscutible
que deja la crisis del coronavirus, aunque concede el poder en la batalla entre
contribuyentes netos y los socios en dificultades financieras a los países del
norte.
Los englobados en la rebautizada como
Liga Hanseática, que "no dejarán opción" a las
naciones meridionales. Aunque no descarta que esa futura cohesión
pase por un proyecto compartido como los eurobonos,
al que los vecinos septentrionales dejarán entrar a los sureños capaces de
gestionar convenientemente sus niveles de endeudamiento.
Nacionalizaciones por doquier
Los procesos de intervencionismo, de
nacionalización de empresas, en países como EEUU es una recurrente tradición
cultural. Tan americana como el Apple Pie, dice Thomas M. Hanna, director de
investigación en Democracy Collaborative y autor de Nuestra riqueza Común: el Retorno a la Propiedad Pública en
EEUU, en un artículo publicado
en la revista Jacobin, donde hace un repaso de esta práctica habitual; sobre todo,
en tiempos de crisis.
A pesar de "las largas décadas de narrativa neoliberal" que
construyó un mensaje de "ineficiencia y debilidad" alrededor de todo
lo que sea considerada economía gubernamental, incluida su manifiesta
incapacidad para genera un clima idóneo para los negocios.
Y aunque la Administración Obama, tras la crisis de 2008, cuando aún
estaba en la Casa Blanca George W. Bush, tomó acciones decisivas para la
restauración de las estructuras económicas estadounidenses, a través de casi un
billón de dólares de un programa de estímulo fiscal y otro similar en cuantía
que sirvió de rescate a entidades financieras -bancos y aseguradoras y grandes
corporaciones- e incluían el control federal de su gestión.
Pese a los apelativos neoliberales de
"ineficiencia y debilidad" a toda gestión económica pública, EEUU
tiene un extenso currículum confiscatorio, desde los ferrocarriles al inicio
del siglo XIX hasta la banca en la crisis de 2008
El tsunami financiero demostró que la administración económica de los estados,
no sólo en EEUU, también en Europa y otras latitudes industrializadas o
emergentes, están lejos de ser débiles o de estar subordinadas a los designios
del mercado.
Como ha ocurrido a lo largo de la
historia. Porque la tradición nacionalizadora de EEUU es rica y
extensa. Desde los ferrocarriles, los teléfonos o la fabricación de
armas en los años de la Primera Guerra Mundial, hasta la Tennessee Electric Power Company (Tepco) y las
extracciones de oro y planta bajo el New Deal o, literalmente, cientos de
compañías de múltiples sectores industriales durante y tras la Segunda Guerra
Mundial.
Pero también las firmas productoras de acero en la Guerra de Corea, los
peajes de pasajeros y mercancías en los años setenta, el Banco Continental
Illinois y varias entidades de ahorro y de préstamo en los ochenta y bancos y
marcas automovilísticas en la primera década de este siglo. Un prolongado
recorrido que comenzó con el presidente Woodrow Wilson en diciembre de 1917,
cuando nacionalizó los ferrocarriles en una compañía federal que dio trabajo a
más de 2 millones de personas y que, entonces, suponía el 12% del PIB
americano.
Hasta el credit-crunch de 2008, propiciado por los activos tóxicos de la
banca, que llevó a Rodrigo Rato, director gerente entonces del FMI a criticar
la actitud de los mercados de individualizar las ganancias y socializar las
pérdidas -considerado desde antes de su nombramiento como máximo responsable
del Fondo Monetario el arquitecto del milagro económico español- que confiscó
los activos y la gestión de entidades bancarias como Lehman Brothers o Merrill
Lynch -que luego se integró en Bank of America- y de aseguradoras como AIG.
Pedro Sánchez apela a la
"unión" para vencer al virus. / ARCHIVO
Además de las dos hipotecarias que engordaron la crisis subprime en el
mercado inmobiliario estadounidense -Freddie Mac y Fannie Mae- o General
Motors, entre otros grandes emporios que pasaron a manos del Tesoro.
Momentáneamente o para su posterior liquidación o puesta en venta en los
mercados. Al igual que ocurrió en Reino Unido, en Irlanda, Alemania, Bélgica,
Holanda, Francia o Luxemburgo, donde se tomaron el control de sus sistemas
financieros y se dijo adiós al liberalismo por un tiempo.
En el que el jefe del Estado galo, Nicolas Sarkozy, llegó a reclamar sin
tapujos y en el seno del G-20, el foro llamado a ejercer de gobierno económico
global, una refundación del capitalismo.
En España, la intervención de la banca, aquejada de activos tóxicos
procedentes de años de alta permisividad hipotecaria para abastecer el fervor
comprado de vivienda de un largo decenio de inmensas liberalizaciones de suelo
con licencias inmediatas para edificar y bajos tipos de interés, decretados
desde el BCE para ayudar a salir a Alemania de su recesión punto.com, en contra
del criterio que dictaminaba la coyuntura inflacionista del conjunto del área
monetaria, motivó una petición de rescate a Europa.
Edulcorado como un préstamo en condiciones ventajosas, sin los controles
de la troika comunitaria -y la supervisión del FMI, como exigía el salvavidas
irlandés o portugués- y con la promesa, nunca cumplida, que el sector
devolvería al Estado, depositario de la ayuda europea, "hasta el último
euro", según palabras del entonces ministro de Economía y ahora
vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.
De los más de
65.000 millones a los que ascendió la factura definitiva del saneamiento de las
cuentas del sistema bancario español, las arcas del Estado español
han tenido que sufragar algo más 54.000 millones, tal y como admitía el Banco
de España a finales de 2019. Año y medio después de la salida de Mariano Rajoy
de Moncloa, una de cuyas primeras medidas fue acudir a Europa a pedir el aval
europeo. Banco de Valencia, Bankia, Catalunya Banc y NovaCaixaGalicia fueron
las grandes beneficiarias de esta inyección.
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