José Buendía Hegewisch, Excélsior
La muerte, como ya es cotidiano en Ciudad Juárez, vuelve a poner en la mirilla a un periodista, Santiago Orozco, y corrobora por qué el país es considerado en el mundo como uno de los más peligrosos para la prensa.
La editorial del Diario de Juárez por el asesinato de uno de sus periodistas, Santiago Orozco, el pasado 16 de septiembre, es un grito desesperado. Mientras el país salía de la resaca de la fiesta del Bicentenario de la Independencia, el periódico condensaba la desesperanza en Ciudad Juárez.
Sintetizaba la impotencia que miles viven hoy frente a la violencia y la impunidad en ésta y otras ciudades fronterizas: “¿A quién recurrir? ¿a quién pedir justicia? ¿A quién exigir su intervención si todas nuestras demandas han llegado a oídos que no escuchan?, se preguntaba el diario que ha sufrido ya el homicidio de otro de sus periodistas, balaceras, intimidación, ataques.
El luto no abandona la fachada del Diario de Juárez, que desde 2008 mantiene un crespón negro por el asesinato de Armando Rodríguez Carreón, sin esclarecerse hasta la fecha y sin culpable alguno tras las rejas. La muerte, como ya es cotidiano en Juárez, vuelve a poner en la mirilla a un periodista y corrobora por qué el país es considerado en el mundo como uno de los más peligrosos para la prensa. La libertad “no dura para siempre”, podría haber sido el epitafio que dejan quienes han silenciado a más 65 periodistas desde el año 2000 y atentado contra 16 medios en los estados más violentos, según cifras de la CNDH.
En efecto, las agresiones contra periodistas se han convertido en un problema sistemático, tanto como la impunidad de los crímenes. Perdemos libertades que apenas comenzaban a afianzarse. Sin duda es paradójico: difícilmente se recuerda un momento en la historia del país en que los periodistas figuren como una de las máximas poblaciones de riesgo, al tiempo que tampoco es fácil recordar una época en la que la libertad de expresión hubiese pisado mayores terrenos de libertad.
Entre las cosas que hay que celebrar en este Bicentenario está el avance de la libertad de expresión en el país. Como en muy pocos momentos de nuestra historia, quizá otra excepción fue la época de la Reforma, las distintas voces que conforman esta nación plural y diversa se manifiestan sin cortapisas y sin tener que enfrentar un esquema de censura como el que prevaleció durante el autoritarismo.
Esta libertad ha permitido que se visibilicen las distintas causas e identidades que componen a la sociedad mexicana y que nos alejan del país monolítico que en el siglo pasado se constreñía a un partido, una religión, una sola forma de familia, un solo credo o una misma iconografía nacionalista.
La diversificación del país, la desconcentración del poder, la mayor tolerancia para las diferencias y la multiplicación de espacios donde manifestarse, son buenas noticias que están en el haber de la conmemoración del Bicentenario.
Las libertades, sin embargo, no se logran una vez y se conservan en automático para siempre. Y en el país hay zonas en las que se pierden por la intimidación del crimen organizado, tanto como por la acción y la omisión de los poderes públicos.
Todas esas voces e identidades están en peligro de regresar al mutismo si se silencia a los periodistas, como ya ha conseguido el crimen organizado en algunos estados donde ejerce control sobre los medios a través de la intimidación. El reconocimiento de la pluralidad política, económica o social en la vida pública no se puede entender sin la libertad de expresión. Por ello el ataque contra este gremio es, al mismo tiempo, una amenaza contra grupos vulnerables de ser arrollados por los intereses creados, los monopolios o poderes fácticos como el crimen organizado.
La pasividad del gobierno frente al tema no ayuda a defender las libertades. Por el contrario, juega a favor de quienes se benefician por conculcarlas y muestra cierto desdén por los grupos vulnerabilizados que necesitan de su protección para no ser engullidos por la violencia.
La pluralidad tiene, en buena medida, existencia si puede expresarse. La intimidación y el miedo hacen uniformes a todos como víctimas. Así lo entendieron, por ejemplo, en Colombia, Brasil o Guatemala, donde se han creado mecanismos de protección a grupos vulnerables -entre ellos los periodistas- para preservar sus derechos. En ello participan los propios grupos de riesgo, como defensores de los derechos humanos, líderes sociales y hasta autoridades locales.
Son espacios que permiten a sus gobiernos evaluar riesgos, tener información e interlocución permanente con los grupos afectados. En México desde hace tiempo se analiza establecer un mecanismo como éste y ahora el gobierno parece que comenzará a cabildearlo con el Congreso. Ojalá no llegue demasiado tarde.
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