6 de septiembre de 2010

Pese a seguros contra desastres, no hay dinero para damnificados

Mientras que el subsecretario de Administración y Finanzas del gobierno del estado, Antonio Ferrari Cazarín, admitió que la administración estatal no cuenta con la mitad de los mil 700 millones de pesos que le corresponde aportar al Fonden, desde 2005 el gobierno de Veracruz contrató un seguro para desastres naturales con la empresa británica Lloyds y el pasado 10 de julio hizo un refrendo.

Como una medida de previsión, el gobierno del estado contrató el seguro con el corredor Arthur J. Gallagher & Co en 2005 para adquirir un seguro privado de cobertura para los desastres naturales, que en 2006 cobró por una cantidad equivalente a 130 millones de pesos mexicanos.

Este seguro adicional al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) cubre los daños en las infraestructuras: carreteras, puentes, hospitales y escuelas y que el cobro de este seguro marcaba “precedentes en el país y en la administración pública”.

Igualmente, en 2005, la Secretaría de Finanzas y Planeación contrató un seguro con un costo de 26.5 millones de pesos a la banca privada Banorte, del que se estableció que en una declaratoria de emergencia se tendría una disposición inmediata de un millón de dólares.

Con el seguro contratado con Banorte solo bastaría que el gobernador Fidel Herrera hiciera una declaratoria de emergencia para que se pudiera cobrar la póliza y así aplicar el recurso económico en la agricultura, escuelas, universidades, clínicas, viviendas de población de escasos recursos, así como para salvaguardar la seguridad, salud o vida de la población.

El 10 de julio de este año, el gobernador del estado a través de una columna titulada “A reactivar los programas sociales”, escribió: “por eso en la temporada de lluvias y ciclones hemos estado atentos y al día de hoy la administracion en la que sirvo ha renovado el seguro contra desastres naturales 2010-2011. Hace unos días anunciamos la renovación del seguro para las afectaciones a las plantaciones agrícolas”.

Así, el gobierno estatal se comprometía a apoyar a damnificados que por desastres naturales resultaran perjudicados.

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