1 de septiembre de 2010

Falta de Semefo en Orizaba propicia pelea entre funerarias por cadáveres

Orizaba, Ver.- El tráfico y disputa de cadáveres –incluso a golpes entre funerarias– en accidentes y hospitales públicos o privados tiene dos causas: la legendaria corrupción en las agencias del Ministerio Público y la inexistencia del Servicio Médico Forense (Semefo). “Las necrocirugías se ejecutan en funerarias particulares seleccionadas por el agente del MP en turno, en pago reciben licores caros, arcones navideños e incluso teléfonos con los que informan de los muertitos”, coincidieron por separado el secretario del Foro de Abogados de Orizaba, Juan Oropeza, y el ex dirigente de la Barra de Abogados, Jorge Reyna.

En esta práctica hay varios involucrados: “trabajadores sindicalizados y de confianza de hospitales públicos, que avisan por teléfono del fallecimiento de pacientes”, socorristas de la Cruz Roja, “quienes informan de los accidentes a cambio de algunos obsequios”.

Por separado, afirmaron que si existiera el Semefo en la ciudad, esta práctica “quizá no se erradique, pero sí disminuirá, o por lo menos se controlará”.

Opinó Juan Oropeza: “no está permitido por ninguna ley vigente en el estado de Veracruz, pero se ha vuelto costumbre que llega un agente del Ministerio Público a la ciudad y se apersonan las agencias funerarias con él y quien da más, quien ofrece más, es con quien se queda”.

Ejemplos de este vicio, afirmó, hay muchos: “nos hemos percatado, como abogados postulantes, que determinada funeraria ejerce ciertos servicios para el Ministerio Público y han desfilado varias funerarias que en cierto momento llegan al precio: yo te ofrezco un porcentaje por cada muertito que me des, hablamos de un porcentaje que fluctúa en 10 por ciento por cada muertito. Ellos –los empresarios funerarios– elevan el costo de los servicios y al final no pierden nada y sí es un dinero que va de manera irregular a manos de quien está cargo de la agencia del Ministerio Público”, reveló.

Hay un dato importante que refuerza este círculo vicioso: “todos estos vicios se concentran en un motivo fuerte: la falta de un Servicio Médico Forense que atienda al distrito judicial de Orizaba. Como carecemos de un servicio de este tipo, son pocas las funerarias elegidas las que se prestan este servicio y esas pocas son las que regularmente tienen la posibilidad de prestar el servicio, porque de entrada deben de contar con un espacio que es habilitado como anfiteatro, la mayoría no lo tienen y por eso son pocas las que dan este servicio con el Ministerio Público”.

Además, refirió que “muchas veces, la ignorancia en materia legal permite que los familiares del fallecido paguen por un servicio que ellos no solicitaron. Por ejemplo, en un accidente llega una determinada funeraria, aparta sus cadáveres y los lleva a su agencia. Ahí cuando el familiar se presenta a reconocer el cuerpo se le quiere cobrar por un servicio que no se solicitó, el artículo 255 del Código Penal para el estado obliga a los prestadores del servicio funerario a entregar el cadáver sin cobrar un solo peso, de lo contrario infringen la ley, pero se da el caso que en medio del dolor, abusan de la situación y se adjudican el servicio de manera incorrecta”.

Explicó que el deudo no está obligado a pagar el traslado del lugar del accidente, por ejemplo, a la agencia funeraria. “Es más, puede llegar y decirle al propio Ministerio Público: ya reconocí el cadáver, quiero que me lo entreguen y traje mi funeraria, eso está permitido, pero muchas veces se hace lo incorrecto y no sería raro que los propios ministerios públicos induzcan a que se contraten los servicios de la funeraria que tiene el cadáver. El Ministerio Público está obligado a entregar el cadáver, si no lo hace es un delito que debe ser castigado, pero como la gente no lo sabe se dejan llevar, porque muchas veces el personal de las funerarias les ofrece arreglar todo, desde acta de defunción hasta los pagos de trámites en el cementerio, el sector salud y el registro civil y, en medio del dolor en el que se encuentran, acceden.

”Si hubiera –continuó– un Semefo, se controla este problema, los cadáveres se van ahí y entonces los familiares ya decidirían que funeraria contratar, porque los cadáveres de un accidente deben ser levantados por personal forense y llevarlos al anfiteatro y no como se estila ahora, que se van a una funeraria cuyos empleados se pelean, como aves de rapiña, los cuerpos”.

”Me queda muy claro que los encargados de la morgue en los hospitales públicos, IMSS, Hospital Regional de Río Blanco o ISSSTE reciben ya sea un porcentaje por su participación en el negocio o en todo caso regalitos por avisar, porque muchas veces las funerarias llegan primero al lugar del accidente que el propio Ministerio Público, incluso en algunas ocasiones el mismo vehículo de la funeraria pasa por el personal del Ministerio Público para llevarlo al lugar de los hechos”.

Aclaró que este tipo de componendas están fuera del marco legal: “no

existe nada que diga que el Ministerio Público tiene que hacer un contrato con determinada funeraria, porque insisto, los familiares no están obligados a contratar con la agencia que el Ministerio Público les diga”.

La ignorancia legal y la carencia de un Semefo provocan este mundo de corrupción entre el MP y las agencias funerarias: “por eso en navidad o fin de año se reparten muchos arcones navideños, muchas piernas de pavo, licores caros a los diferentes funcionarios que tienen que ver con esto, con la gente de los hospitales, ellos están bien maiceados, dijera el cardenal, vamos, hasta teléfonos celulares o nextel propiedad de las funerarias tienen para estar en contacto, llegan más rápido que los reporteros, que la Cruz Roja, que el propio agente del MP. La Cruz Roja puede que no esté exenta de este caso y deben trabajar igual, en medio de un porcentaje”.

Con estas declaraciones coincidió el ex presidente de la Barra de Abogados de la región de Orizaba, Jorge Reyna, pero él va más allá de la creación de un edificio en donde se instale un Servicio Médico Forense: “la solución a este problema se encuentra en la creación de una ciudad judicial con el servicio forense incluido, ahí que se instalen los juzgados de la ciudad, el mismo penal, es decir, todos los servicios que requiere un lugar como este”.

Esta ciudad judicial fue prometida por el gobierno del estado hace casi tres años, cuando fue derruido el penal de la ciudad, se hizo el compromiso oficial de crear esta ciudad judicial, incluso apenas hace un par de meses, el alcalde Juan Manuel Diez Francos prometió que la ciudad judicial se terminaría antes de que concluyera su administración, a la que le faltan cuatro meses.

Ahora bien, para el disputa de cadáveres, los empresarios funerarios deben desplegar una infraestructura que no sólo se basa en las prebendas. De acuerdo con la versión de un ex empleado de una agencia de estas, que exigió el anonimato, “la labor es complicada, los que trabajamos en este negocio debemos de tener mucho cuidado en conservar los contactos en el MP, en los hospitales, público y privados, en la Cruz Roja, para poder estar al tanto de los accidentes o de los fallecimientos. Los regalos, los teléfonos o los radios, son de mucha utilidad porque con ellos estamos en contacto”, narró.

–¿Por qué las peleas de los cadáveres?

–Es parte del negocio, ya son menos porque hay acuerdos entre los muerteros. Por ejemplo, los de Orizaba no vamos a un accidente o a levantar un cadáver a Río Blanco, Nogales o Ciudad Mendoza, en esos lugares ya existen funerarias y ellos se encargan, y ellos tampoco vienen a Orizaba a realizar ese trabajo. Los regalos, pues es para mantener la relación con quienes te contactan. En este negocio debes andar muy abusado, porque si no lo eres se te va el trabajo. Los precios que se tienen varían de acuerdo con el paquete que se le ofrece al cliente y a sus posibilidades de pagar, pero en verdad es muy exigente el trabajo, hay ocasiones que pasamos las noches en el MP o en los hospitales para estar pendientes.

En resumen, los abogados exponen “la necesidad del Semefo o de la ciudad judicial, sin embargo a tres meses de que concluya el gobierno del estado, se aprecia difícil que se obtenga alguna de las dos posibilidades, con las que no se terminaría, pero sí se controlaría y reduciría este tipo de problemas”.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=100831_140122_703

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