El gobierno de Javier Duarte de Ochoa pagó más
de 9 millones de pesos por un lote de 70 mil pruebas rápidas de VIH-Sida para
mujeres embarazadas, que resultaron inservibles al dar resultados falsos.
De acuerdo con una denuncia penal interpuesta ante la Procuraduría General de la República (PGR) en 2014 y notificada a la Contraloría General del Estado, funcionarios de la Secretaría de Salud y Asistencia adquirieron en una licitación pública el lote de pruebas.
Sin embargo, la Dirección de Salud Pública de los Servicios de Salud detectó que daban falsos positivos y negativos, por lo que ordenó a las 11 Jurisdicciones Sanitarias resguardarlas para que el proveedor las recogiera y las repusiera.
Según los documentos, la empresa Comercio y Servicios Administrativos del Golfo SA. de CV, simuló la reposición y sólo cambió las cajas de empaque, pues tenían el mismo número de lote de las anteriores.
Sin embargo, la administración duartista pagó 9 millones 49 mil pesos a la empresa, por lo que el entonces secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación y notificó los hechos a la Contraloría General del Estado.
La historia de corrupción. De acuerdo con el oficio número SESVER /DAJ /DCA /AP /4303 / 2014, el 30 de diciembre de 2011 el área de Servicios de Salud contrató a la empresa que ganó la licitación pública.
Se adquirieron 70 mil pruebas rápidas con un precio unitario de 111.45 pesos y un importe total de 7 millones 800 mil pesos, cantidad que, tras agregarle el IVA, suma un total de 9 millones 49 mil pesos.
Para el 30 de julio de 2012, la directora de Salud Pública de Servicios de Salud de Veracruz, Irasema Lagunes, generó la circular número 1064 /DSP /SPCE /DSR /2012 para solicitar a las 11 Jurisdicciones Sanitarias resguardar las pruebas rápidas para facilitar “la tarea del proveedor para recolectaras y reponerlas”.
El 11 de diciembre de ese año, el subdirector de Control y Prevención de Enfermedades, Alejandro Escobar, notificó que las pruebas habían sido canjeadas y redistribuidas a las jurisdicciones sanitarias.
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