Para Javier Méndez Guzmán esta es una decisión histórica para el bien de los ciudadanos, ratificada por la Sala Superior del TCA.
El abogado Rolando Cañas aseguró que la postura de la Delegación Tlalpan fue que los ciudadanos no tenían un daño inmediato y directo.
Para el representante de los condóminos lo esencial y que fortalece la sentencia es que en las dos instancias la decisión fue unánime.
México, D. F., a 1 de diciembre de 2010
Pese a las acciones jurídicas del delegado Higinio Chávez García contra la sentencia que prohíbe la instalación de una gasolinería en Insurgentes 4097, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ratificó la histórica resolución otorgada a favor de los vecinos por la Cuarta Sala Ordinaria en junio pasado.
“Queremos reiterar que éste es, sin duda, un fallo histórico, sin precedentes, que abre la vía para que los ciudadanos podamos defendernos ante los errores, omisiones o decisiones dolosas de algunos servidores públicos que por intereses particulares traicionan el mandato que les dimos los gobernados”, expresó Javier Méndez Guzmán, vocero de los vecinos del Conjunto Residencial Tlalpan II, beneficiarios del fallo judicial.
Méndez aseguró que en esta ciudad hay obras que se inician todos los días y esto es lo importante, que continuamente podría haber permisos mal otorgados.
El fallo de la Cuarta Sala Ordinaria determinó que “los tribunales se encuentran obligados a proporcionar y brindar a las y los ciudadanos la oportunidad de ser oídos y vencidos en juicio”, decisión que la Delegación Tlalpan intentó combatir en el juicio de apelación 5983/2010, promovido por el Jefe Delegacional en Tlalpan, Higinio Chávez García.
“Los vecinos de Tlalpan denunciamos la incomprensión de este acto por la total irresponsabilidad política y social de la Delegación Tlalpan, porque no sólo dejó de actuar en apoyo a sus gobernados, sino que actuó en nuestra contra utilizando los recursos públicos para atacar una demanda de la comunidad a la que debe su elección como funcionario público”, expresó Méndez Guzmán en conferencia de prensa esta mañana.
Los vecinos iniciaron un movimiento contra la construcción de la gasolinería en septiembre de 2009, por la defensa de su seguridad física, de nuestras viviendas, del medio ambiente y contra la ilegalidad con que se pretendía construir una gasolinera al lado de dónde habitan.
Desde un inicio, la Delegación Tlalpan mostró desinterés hacia su demanda, a pesar de las constantes pruebas de las irregularidades que encontraron en la revisión del respectivo expediente, provocando con ello un avance de la construcción de la cuestionada gasolinera.
Méndez hizo notar que dos acciones les dieron la oportunidad de llegar a este fallo: “La unión de los vecinos que más allá de diferencias particulares, nos vinculamos en torno a un objetivo común, como es la defensa de nuestra seguridad; la otra es la oportunidad en tiempo con la que iniciamos nuestro litigio ante las autoridades judiciales correspondientes”.
La sentencia de la Cuarta Sala del TCA ordena dejar “sin efectos los actos impugnados y regresar las cosas al estado en que se encontraban antes del inicio de la ejecución de la estación de servicio de gasolinería de referencia”, acción que puede interpretarse como la demolición de la obra y que “los vecinos exigimos a las autoridades del Gobierno de nuestra ciudad que se ejecute en todos los términos (de) esta ratificación de la sentencia original”, expresó Méndez.
De acuerdo con el abogado Rolando Cañas Moreno, los argumentos de la Delegación Tlalpan para apelar la sentencia se basaron en que no fueron notificados legalmente y luego combatieron el hecho de que a pesar de haber documentos ilegales, la manifestación no lo era.
Sin embargo, al haber un procedimiento viciado de origen, como lo determinó la Cuarta Sala, el resto también lo es.
Steven Czitron, representante del condominio, aseguró que otro tema importante es que tanto la sentencia como su ratificación fueron resueltas por unanimidad de los jueces y magistrados.
Finalmente el abogado Cañas Moreno agregó que tanto el empresario como la delegación aún tienen la oportunidad de acudir a un juicio de garantías por vía del amparo, que deben promover en los siguientes 15 días después de la notificación de la sentencia.
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