Por: Manuel Rosete Chávez
Nadie imagina, menos los abogados postulantes, a un Ministerio Público veracruzano eficiente, cumpliendo con los principios fundamentales razón de su existencia, que nos garantizara una Procuración de Justicia pronta, expedita, apegada a derecho y de respeto a los derechos humanos…¡Es un sueño!, irrealizable.
¿Porqué tanto pesimismo? Porque la corrupción en el Ministerio Público es un mal ancestral al que ningún gobierno le ha querido poner atención y hoy que se trabaja en la implementación de una policía estatal de primera, el otro paso, el que cerraría el círculo del combate y castigo a los delincuentes, que sería la acción eficiente y honesta de los encargados de la aplicación de la Ley, resulta que estos funcionan bajo esquemas de acrisolada corrupción. Ante esto, las buenas intenciones se van por el caño.
Para que esto cambie (el trabajo de los Ministerios Públicos y secretarios) es necesario que les paguen buenos sueldos; que se pongan a abogados competentes al frente; que se les dote de espacios decorosos donde realicen su trabajo y que se corra a todos los que están coludidos con la delincuencia organizada, de lo contrario cualquier esfuerzo es demagogia, rotarlos es mandarlos a otro lado donde harán lo mismo para subsistir, a integrar mal los expedientes de las averiguaciones, por ignorancia o a cambio de dinero, y ahí es donde la justicia topa con pared.
Estamos seguros porque hemos platicado con dirigentes de organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos, a combatir el maltrato a las mujeres y a los indígenas, que en estos momentos la mayoría de los delitos que se cometen no son denunciados; ¿porqué?, por la sencilla razón de que no tiene caso irse a meter a una agencia ministerial donde te van a tomar los datos y a levantar el acta correspondientes y ya, porque para que el caso avance tienes que cooperar con dinero toda vez que los agentes no tienen recursos para realizar las investigaciones ni las detenciones.
Pero lo que es peor, cada vez son más los casos de ciudadanos afectados por la delincuencia que son nuevamente agredidos por haber denunciado ante una Agencia del Ministerio Público, un robo o una agresión física.
Eso de integrar mal los expedientes de una averiguación es viejo. Si el delincuente cuenta con dinero, tras cometer el delito manda a su abogado a hablar con el agente del Ministerio Público con quien “se pone a mano” para que deje las suficientes lagunas en el expediente de tal forma que el juez a quien le turnen el asunto deje en libertad “por falta de pruebas” al homicida, al ladrón o al agresor; obviamente ese juez también es tocado por el dinero de la delincuencia.
¿Cómo terminar con estos vicios tan arraigados en nuestro sistema de aplicación de justicia si no se trata solo de buenas intenciones o de poses demagógicas de políticos ineficientes y trasnochados?
Y fíjese respetado lector, las obligaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que deben ser ejecutadas a través de las Subprocuradurías pero sobre todo de los Ministerios Públicos que son los operadores de toda la maquinaria son: Perseguir los delitos del orden común cometidos en el territorio del Estado; Velar por la legalidad en la esfera de su competencia, como uno de los principales rectores de la convivencia social y promover la pronta, completa e imparcial procuración e impartición de justicia; Proteger los Intereses de los menores e incapaces, así como los individuales y sociales, en los términos que determinen las leyes; Cuidar la correcta aplicación de las medidas de política criminal, en la esfera de su competencia y garantizar una Procuración de Justicia pronta, expedita, apegada a derecho y de respeto a los derechos humanos.. De utopía ¿no?.
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