Susana González G.
Periódico
La Jornada
Viernes 11 de octubre de 2013, p. 5
Viernes 11 de octubre de 2013, p. 5
La
cooperativa Pascual advirtió que hay una ‘‘trampa’’ en el impuesto de un peso
por litro de bebida azucarada propuesto en la reforma fiscal, ya que a la fecha
las empresas refresqueras han desplazado la utilización del azúcar por jarabe
de fructosa.
‘‘Pascual
es la única empresa mexicana vinculada al campo que orgullosamente utiliza
azúcar y frutas del país y si el nuevo impuesto es para bebidas ‘azucaradas’ en
lugar de bebidas ‘endulzadas’, los más perjudicados vamos a ser nosotros’’,
indicó Salvador Torres, asociado de la cooperativa y actual presidente del
Consejo Superior del Cooperativismo (Consucoop).
La
iniciativa presidencial de nuevo impuesto especial sobre producción y servicios
a bebidas habla de ‘‘una cuota específica de un peso por litro a las bebidas
saborizadas, así como a los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos
de sabores que contengan cualquier tipo de azúcares añadidas’’, como medida
contra la obesidad y el sobrepeso.
‘‘El
riesgo, que nos saquen de la jugada’’
Salvador
Torres señaló que si bien autoridades y refresqueras consideran que el nuevo
gravamen afectará por igual a toda bebida endulzada o azucarada, el hecho de
que sólo se utilice este término puede dejar exentos varios productos y sólo
aplicarse a los de Pascual, que sí utilizan azúcar de caña tipo estándar. ‘‘Sí
veo un riesgo de que ellos puedan librarse y nosotros no, si dejan sólo el término
‘bebidas azucaradas’; con eso pueden sacarnos de la jugada’’, expresó.
Consideró
que en las bebidas azucaradas debe tomarse en cuenta el contenido de pulpa o
jugo de fruta y no sólo del azúcar, ya que dijo que desde hace unos años
Pascual reformuló sus productos, redujo el endulzante y adquirió nueva
maquinaria para cumplir con los nuevos requerimientos de las autoridades.
La
eventual eliminación del régimen opcional para el pago del ISR para las
sociedades cooperativas de producción, un logro obtenido apenas en 2006 en el
Congreso por el llamado sector social de la economía, implicará para Pascual un
gasto de 400 millones al año si logra mantenerse en el mercado, ya que los
cambios fiscales implicarán un ajuste de precios de sus productos.
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