A las irregularidades en el debido proceso
que condujeron a la liberación de Florence Cassez hace un año, se suma el
solapamiento de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y del propio gobierno de Enrique Peña Nieto al
garantizar protección al exdirector de la extinta Secretaría de Seguridad
Pública, Genaro García Luna, quien hasta ahora no ha sido requerido por la
Procuraduría General de la República para que explique sus pifias y las de sus
colaboradores.
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Pese a resolver
que Genaro García Luna y su equipo antisecuestro cometieron graves violaciones
en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) contribuyó a que el exjefe policial quede en la
impunidad.
Así como a Cassez le abrió la
puerta del penal de Tepepan al concederle el amparo de la justicia federal, a
García Luna le pavimentó el camino para no enfrentar a la justicia por este
caso.
Pero el máximo tribunal no fue el único
en garantizarle protección al exdirector de la Agencia Federal de Investigación
(AFI) y exsecretario de Seguridad Pública. También lo hicieron la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el propio gobierno de Enrique Peña
Nieto.
Su abogado defensor, el penalista Alonso
Aguilar Zinser, asegura que hasta la semana pasada García Luna no había sido
requerido por la Procuraduría General de la República (PGR) por este ni por
ningún otro asunto.
“No
ha sido requerido para ninguna declaración ante el Ministerio Público federal
ni notificado de que exista una investigación penal ni de otro tipo en su
contra, ni por el caso de Florence Cassez ni por ningún otro”, declara el
litigante a Proceso.
A la Corte sólo le interesó la
liberación de Cassez, no las consecuencias de las violaciones constitucionales
y de derechos humanos que una contundente mayoría de ministros de la Primera
Sala del máximo tribunal atribuyó a García Luna y a sus más cercanos
colaboradores en la entonces AFI.
El 8 de diciembre de 2005 agentes de la
AFI detuvieron a la francesa al sur de la Ciudad de México y después de una
escenificación televisiva la presentaron el día siguiente ante el Ministerio
Público, el cual tomó su primera declaración sin asistencia consular.
Como director de la ahora desaparecida
AFI, García Luna era entonces funcionario del gobierno de Vicente Fox en la PGR
y a fines del año siguiente se convirtió en uno de los hombres más cercanos al
sucesor de Fox, Felipe Calderón, quien lo encumbró como titular de la también
ya desaparecida Secretaría de Seguridad Pública.
En el gobierno de Fox, García Luna
“transformó” la Policía Judicial Federal de la PGR en la “policía
investigadora” de la AFI. Pero su esplendor lo vivió a lo largo de todo el
gobierno de Calderón, quien lo respaldó para enfrentar el caso de la francesa y
no dudó en presionar a los ministros para que al menos durante su
administración la Corte le negara el amparo a la acusada.
(Fragmento
del reportaje que se publica en Proceso
1942, ya en circulación)
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