SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA /
Bajo total hermetismo mantiene la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) el nombre de las 58 constructoras que provocaron un presunto daño patrimonial a la hacienda pública estatal, pues se negó a dar a conocer los datos a través de una solicitud de información, incluso los clasificó como confidenciales desde el 11 de junio de 2009, cuando muchas de las irregularidades exhibidas todavía ni siquiera se cometían.
A esto se suma, que oficialmente, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) confirmó que no detectó ninguna irregularidad y ni siquiera hizo una auditoría del presunto daño de más de 170 millones de pesos cometidos por tales empresas, y fija que será hasta el mes de mayo cuando comience a investigar al respecto por obras inconclusas que datan de 2009.
Estas son las posturas que emitieron tanto la SIOP como el Orfis como respuestas a solicitudes de información, en la que la primera se niega a dar a conocer los nombres por haberlos clasificado como datos confidenciales, mientras que el ente fiscalizador admite no tener ni idea de lo declarado por Gerardo Buganza Salmerón durante su pasada comparecencia en el Congreso.
El Orfis admite que durante la gestión de Mauricio Audirac Murillo (hoy titular de la Contraloría General del Estado), no cuenta con información que obre en los archivos o registros de dicho órgano, relacionado con el fraude cometido por 58 constructoras.
Y aunque los señalamientos de la SIOP son de que había obras inconclusas y pagadas por completo desde 2009, el Orfis se justifica que ellos se rigen bajo el principio de “posterioridad”, y como apenas supieron de este caso en diciembre pasado, entonces se habrán de esperar hasta mayo de 2014 para recibir la cuenta pública y entonces poder investigarlo.
El Orfis, a cargo de Lorenzo Portilla Vázquez justifica no saber ni haber investigado nada en torno del presunto fraude por más de 170 millones de pesos, porque apenas lo dio a conocer Gerardo Buganza en la pasada comparecencia en el Congreso, y según el ente fiscalizador, eso forma parte del tercer informe de labores correspondiente al año 2013. Por ello, reitera que será hasta el mes de mayo cuando conozca oficialmente del asunto.
También señala que todos los datos de constructoras que pudieron verse involucradas en alguna falta en contra del erario público, correspondiente a la cuenta pública 2012, es información confidencial y reservada y así permanecerá hasta que haya causado estado.
Por su parte, la SIOP clasificó como información confidencial y de acceso restringido el nombre de las 58 constructoras que cometieron un daño patrimonial por más de 170 millones de pesos y que ya fueron denunciadas ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Aunque la Ley de Transparencia y Acceso a la Información establece que pueden ser públicos los datos de aquellos procedimientos que ya hayan causado estado, como lo es la auditoria interna de la SIOP que determinó el presunto fraude, ahora se niega a dar a conocer los nombres, argumentando que se inició una averiguación previa, pero ése ya es un segundo procedimiento.
El director Jurídico de la SIOP, Fernando Castro Palacios no brinda mayor argumentación de las razones o causas para mantener oculto el nombre de las constructoras, y simplemente señala que de manera unilateral se decidió mantener esos datos como reservados, sin precisar el tiempo que permanecerán bajo ese criterio.
FUENTE: JORNADA
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