JAIR GARCÍA
Ni siquiera una coma se le cambió al informe técnico remitido por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de la cuenta pública 2012, mencionó el diputado local y presidente de la Comisión de Vigilancia, Francisco Garrido, por lo que el daño patrimonial es de 409 millones de pesos.
Adelantó que en la sesión del próximo jueves será sometido a votación el dictamen, en el que, reconoció, no hubo un solo cambio o modificación, y relató que cuando se abordó el caso de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) se le pidió al diputado Raúl Zarrabal que saliera del salón, pues había ese acuerdo para así evitar que se convirtiera en juez y parte.
Francisco Garrido mencionó sentirse “satisfecho” con el trabajo del Orfis y minimizó todas las observaciones y críticas hacia el ente fiscalizador, “porque ahora que conozco el trabajo que hace el Orfis lo he podido entender y ya me di cuenta el trabajo profesional que hacen en todas sus áreas”, agregó.
El legislador local dijo que la tarde del lunes sostuvieron una reunión de trabajo varios diputados con el auditor general del Orfis, donde le hicieron más de 500 preguntas y dudas relacionadas con el informe y cada una de ellas fue respondida puntualmente. Comentó que todas las observaciones e irregularidades detectadas por el Orfis que no fueron consideradas como daño patrimonial, serán sólo de tipo administrativo, que la Contraloría General del Estado se encargará de saldar.
Cuestionado de la justificación por la cual el Orfis no incluyó como presunto daño patrimonial todas esas observaciones en la mayoría de las dependencias estatales, dijo que fue decisión exclusiva del ente fiscalizador y si bien, pudieron haber involucrados recursos públicos, insistió que sólo fueron de carácter administrativo.
Indicó que luego de que sea votado el dictamen, entonces se remitirá el mismo al Orfis para que éste inicie el procedimiento de citar a todos los funcionarios y ex funcionarios involucrados para que solventen las irregularidades, y de igual modo las de tipo administrativo tendrá que verificarlas la Contraloría General del Estado, en el caso del Poder Ejecutivo.
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