Rota la tranquilidad en territorio veracruzano por los reacomodos de los cárteles de la droga –no obstante la presencia masiva de elementos de la Marina en todo el estado–, la violencia se ha recrudecido en el último año, lo que convierte a Veracruz en la entidad más inestable por las balaceras y las constantes ejecuciones, sobre todo de “Zetas”, quienes dominaron el entorno en la administración de Fidel Herrera.
JALAPA, Ver.- La búsqueda de nuevos liderazgos entre la delincuencia organizada ha hecho de 2011 –el de la llegada de Javier Duarte de Ochoa al gobierno estatal– uno de los peores años en la historia del estado de Veracruz, donde suman cientos los muertos y desaparecidos y el temor crece entre la población por las balaceras indiscriminadas en los principales centros urbanos y aun en esta capital.
La tortura y ejecución de 35 personas cuyos cuerpos fueron arrojados la tarde del martes 20, al pie del Monumento a los Voladores de Papantla y frente a una de las principales áreas comerciales de Boca del Río –la zona conurbada del puerto de Veracruz– constituye el hecho más sangriento de la violencia que escaló alarmantemente desde el anterior gobierno, el de Fidel Herrera Beltrán.
A pesar de la conmoción causada por esa demostración de fuerza y del despliegue de un millar de efectivos del Ejército, la Marina y la policía estatal para proteger el Decimoprimer Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores y Procuradores Generales de Justicia el jueves 22 y viernes 23 en el Hotel Fiesta Americana de Boca del Río, el día 22 aparecieron 14 cadáveres más en distintos puntos de esta ciudad y en barrios del puerto jarocho.
La tarde del martes 20, apenas tres horas después de que fueran tirados los primeros 35 cuerpos en Boca del Río, el procurador estatal, Reynaldo Escobar Pérez, declaró que varios de ellos eran miembros de la delincuencia organizada recién evadidos de tres penales locales.
Testigo de la penetración del narco en el estado desde los cargos públicos que ha ocupado durante una década, Escobar dijo haber echado mano de Plataforma México –la base de datos del gobierno federal sobre la actividad delictiva en el país– para determinar que entre las víctimas había delincuentes dedicados al secuestro, extorsión, homicidio, narcomenudeo y otros ilícitos.(Extracto del reportaje principal que se publica esta semana en la edición 1821 de la revista Proceso, ya en circulación)
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