JORNADA DE VERACRUZ
La
activista Gabriela Sainz acusó que el alcalde de Amatlán de los Reyes, Miguel
Castro Rosas, ha emprendido una campaña de hostigamiento y persecución contra
los defensores de la naturaleza y el medio ambiente, porque se han opuesto a la
hidroeléctrica El Naranjal, el proyecto Bandera Blanca, y lo más reciente, el
gasoducto de uso industrial no doméstico de la empresa Gas Natural el Norte,
que atravesaría al municipio, “se tratan de sus negocios y por ello está
molesto”.
En entrevista, dijo que “siempre hemos estado en contra de los
megaproyectos, la presa, el gasoducto y el pozo petrolero que se piensa
reactivar, y por eso hemos recibido amenazas desde hace tiempo al integrarnos
como Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, y después del asesinato de
Noé Vázquez”.
Todas las amenazas han sido por activismo, “de hecho el alcalde me
ha denunciado por toma del palacio municipal y secuestro de maquinaria, pero
después el síndico retiró la demanda porque se dio cuenta que estaban atentando
contra nuestros derechos”.
Asimismo, recordó la manifestación de algunos pobladores de
Amatlán de los Reyes afuera de las oficinas del Instituto Nacional Electoral
(INE) en Xalapa, todo porque “es que se están afectando los intereses, hay una
empresa que se llama Simsa que promueve la compra de terrenos, buscan a los
dueños de los terrenos para la compra de terrenos, pero la gente ha dicho que
no y eso molesta”.
El pozo petrolero tampoco es aceptado, “pero el alcalde dice que
será el desarrollo del pueblo, que se ubicaría a un kilómetro del centro de
Amatlán, pero estaría dentro del área natural protegida”.
La activista recordó que a pesar que la Hidroeléctrica Naranjal ha
sido contenida por la organización y la protesta social, sigue latente ya que
la empresa Hidroeléctrica Naranjal SAPI de CV no ha desistido en su empeño en
emprender su construcción. “En este momento trabajadores de la empresa siguen
incursionando en la zona de construcción, se sigue presionando a los campesinos
en la compra-venta de terrenos. Por ejemplo ofrecen renta de la tierra a 40
centavos por metro cuadrado a 30 años y compra definitiva a 4.40 pesos el metro
cuadrado”.
El hostigamiento a los defensores ambientales y dueños de los
terrenos sigue. Las denuncias y los recursos de amparo ante las autoridades
judiciales del distrito de Córdoba están en proceso de revisión y se espera
respuesta, pero es un recurso lento.
Del proyecto Bandera Blanca refirió que consiste en trasvasar agua
del nacimiento del río Atoyac a la zona urbana de Córdoba, lo que dañaría las
condiciones ecosistémicas del Área Natural Protegida (ANP): Reserva Ecológica
Natural de la Cuenca Alta del Río Atoyac 26 2-1 P1/1, región productora de agua
para la zona agro-industrial de Cuitláhuac, Carrillo Puerto Atoyac, Yanga y
Cotaxtla; así como a la zona conurbada de Veracruz- Boca del Rio-Medellín. Este
proyecto ha sido detenido momentáneamente por la oposición de las
organizaciones sociales y ambientales de toda la región que habita la subcuenca
del Atoyac.
Pero las autoridades municipales y del estado insisten en llevar a
cabo el proyecto a través de diversos mecanismos de presión social como
amenazas, ofertas de “proyectos sociales” amenazas a los defensores del río. El
Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) no considera la categoría de ANP para
realizar el trasvase, ni ha considerado el consenso social de los habitantes.
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