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XALAPA, Ver. (apro).- Un centenar de integrantes de sindicatos
magisteriales y jubilados independientes ingresaron a la fuerza a las oficinas
del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) para exigir al director Armando
Adriano Fabre que libere los 77 millones de pesos que restan para cubrir los
pagos de 4 mil 700 pensionados de la burocracia estatal y de trabajadores de la
educación.
En un pliego petitorio
que después convirtieron en desplegado, los inconformes exigieron certeza para
la liberación de 975 millones de pesos correspondientes al aguinaldo de 10
organizaciones sindicales y de pensionados de Veracruz que agrupan a poco más
de 28 mil trabajadores en la entidad.
Al no obtener una
respuesta favorable, los manifestantes entraron por la fuerza, llegaron hasta
la oficina de Adriano Fabre, encendieron el clima y decidieron tomar asiento en
espera del arribo del funcionario del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Ante la intempestiva
protesta, el titular del IPE tuvo que ser sacado por subordinados de un
restaurante de la zona sur donde se encontraba desayunando plácidamente.
“Nos hace falta dinero…
tenemos problemas (de recursos)”, admitió Fabre ante los inconformes, quienes
advirtieron al gobierno que si no libera las pensiones y nóminas retroactivas
pendientes, encabezarán movimientos en diversas dependencias del gobierno
estatal.
Simón Hernández del
Ángel, de la Organización de Trabajadores Independientes al Servicio de la
Educación Veracruzana (OTISEV) –uno de los 10 representantes sindicales que hoy
protestaron en el IPE– dijo que ya fijaron como fecha límite el 14 de diciembre
para pagar el aguinaldo, los pendientes de pensiones de noviembre, así como el
retroactivo salarial del 4%, el cual se les adeuda desde enero de este año.
Hernández del Ángel
consideró una injusticia que a los pensionados que durante 30 y 40 años
brindaron su servicio al Estado y a la función pública hoy se les regateen sus
recursos: “No tendríamos por qué andar de limosneros cerrando calles y
protestando en edificios públicos”, recriminaron.
Adriano Fabre sostuvo
que durante la mañana se reunió con autoridades de la Secretaría de Finanzas y
Planeación (Sefiplan) y que esperan que en los próximos días pueda fluir el
recurso. Incluso, el titular del IPE pidió una prórroga de cuatro días para
efectuar el depósito de dichas prestaciones.
Los quejosos indicaron
que hay contradicciones por parte del secretario de Finanzas y Planeación
(Sefiplan), Antonio Gómez Pelegrín y del propio Adriano Fabre, pues ambos se
han “echado la bolita” en la responsabilidad de cumplir con el pago.
El presidente de la
Asociación de Profesionistas Pensionados y Jubilados de Veracruz, Edmundo
Leyva, amagó con llevar su queja hasta la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) por la vejación que comete el gobierno de Duarte en contra de
los extrabajadores del estado.
El tema de la deuda
pública en Veracruz en el último año de gobierno de Javier Duarte no ha visto
la salida.
Por ejemplo, tras una
reestructuración de pasivos públicos, el Proyecto de Presupuesto Estatal 2016
–el cual se encuentra en análisis y discusión en el Congreso local– plantea
destinar 5 mil 199 millones 500 mil pesos para pago de deuda.
Esta cifra representa
casi un 20% más de lo que se destina al total de los organismos autónomos del
estado –como la Fiscalía General, la Universidad Veracruzana, el Instituto de
Pensiones y los institutos de derechos humanos y de transparencia–, pues a
estas dependencias se les asigna una bolsa global de 4 mil 643 millones 100 mil
pesos.
De los más de 5 mil
millones de pesos sugeridos para pagar la deuda, el gobierno de Duarte pretende
otorgar mil 831 millones 782 mil 37 pesos a “amortización de capital”, mientras
que para el “pago de intereses” se busca etiquetar 3 mil 318 millones 259 mil
136 pesos.
En el caso de la llamada
“deuda pública interna”, la Sefiplan pretende cubrir 49 millones 458 mil 827
pesos, pasivos adquiridos con bancas públicas y privadas.
fuente: proceso
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