El gobernador priista de
Veracruz, Javier Duarte no ha aclarado el uso de al menos 7 mil millones de
pesos de recursos federales que debieron ser empleados para seguridad, salud,
educación e infraestructura, de acuerdo con los reportes de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) correspondiente a la cuenta pública de 2013.
Las 18 auditorías realizadas
al gobierno de Duarte revelaron el uso irregular 9 mil 64 millones de pesos y
está pendiente la aclaración de 7 mil millones de pesos o su recuperación.
El desglose de las
auditorías detalla que se detectaron anomalías en el manejo del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal
(Fasp).
278 millones de pesos se
transfirieron a cuentas estatales y no se reintegraron a la cuenta del Fasp en
2013, por lo que el gobierno estatal deberá entregar el órgano fiscalizador
documentos que acrediten que los recursos se aplicaron de acuerdo con lo
estipulado por la Ley de Coordinación Fiscal.
En dicho
fondo se detectaron irregularidades del uso de 11 millones de pesos,
supuestamente destinados a la adquisición de equipo informático. En una de las
adquisiciones se erogaron 5.4 millones de pesos, pero los bienes aún se
encuentran almacenados en instalaciones de la Procuraduría General de Justicia
del Estado. En cuanto a los otros 5.6 millones de pesos, no existe evidencia de
que los bienes presuntamente adquiridos hayan sido entregados. En este caso la
ASF no ha iniciado el procedimiento resarcitorio, pues la observación aún está
dentro del plazo de notificación.
Respecto al Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud 2013, la ASF requirió al gobierno
veracruzano documentos que comprueben el uso de 325 millones 968 mil pesos, que
no fueron devengados el 31 de diciembre de 2013.
En el mismo rubro existe una
partida de 315 millones de pesos que el gobierno estatal no transfirió a los
servicios de salud, aunque dicha notificación aún está en periodo.
Una partida de 15.1 millones
de pesos, parte de un acuerdo entre la Secretaría de Salud federal y el
gobierno estatal para el rubro de “cuota social y aportación solidaria”, se
empleó para comprar con sobreprecio medicamentos que ni siquiera aparecen en el
catálogo oficial de medicinas.
Asimismo, una partida de 233
millones de pesos, correspondientes al Fondo de Escuelas de Tiempo Completo no
había sido devengada ni reintegrada al 31 de diciembre de 2013, dicha causa
también está pendiente.
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