Organizaciones campesinas buscan ser tomadas en cuenta en la reforma.
Matilde Pérez y Georgina Saldierna
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de enero de 2014, p. 31
El anuncio presidencial de una profunda reforma al campo causó posturas
encontradas entre agrupaciones campesinas. En tanto, el senador perredista
Alejandro Encinas consideró que esa declaración del titular del Ejecutivo
federal, Enrique Peña Nieto, lo que se busca es poder expropiar ejidos y
comunidades sin tener que demostrar la causa de utilidad pública y así entregar
a empresarios la riqueza territorial del país.
Integrantes del Consejo Nacional de
Organizaciones Campesinas (Conoc) demandaron que los cambios se sujeten a
consulta entre todos los organismos rurales y antes se firme un pacto rural.
Para el Congreso Agrario Permanente
(CAP) es la apertura a un diálogo. Max Correa Hernández, coordinador del CAP,
dijo que al concluir el acto conmemorativo de la primera Ley Agraria, en
Veracruz, Peña Nieto le aseguró que la reforma del campo será producto del
diálogo y de acuerdos con las organizaciones rurales, y prometió sostener un
encuentro en los próximo días con los dirigentes de las nueve agrupaciones del
CAP.Confiamos en que los cambios serán para favorecer a los campesinos;
nosotros no avalaremos una reforma a ciegas ni entregaremos un cheque en
blanco.
José Jacobo Femat, dirigente de la
Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp) e integrante del
consejo político del Conoc, expuso que al campo no sólo se debe ver como
productor de alimentos, sino considerar todos los beneficios ambientales que
genera. Los campesinos, advirtió, estarán alerta para evitar el despojo y
privatización de los recursos naturales y evitar que desaparezcan las
reservas.El desarrollo debe ser benéfico para toda la población, por lo que
debe dejarse de transferir el mayor monto de recursos de los programas a los
grandes agricultores.
Federico Ovalle Vaquera, dirigente de
la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac), dijo que
los cambios deben estar orientados a terminar con la concentración de los
recursos en unos cuantos productores y comercializadores. Este año,
ejemplificó, las grandes comercializadoras recibirán 3 mil millones de pesos y
un grupo de ganaderos 7 mil millones de pesos del presupuesto, mientras que en
el sur sureste 80 por ciento de la población rural está en pobreza.
Raúl Pérez Bedolla, secretario de
Organización de la Alianza Campesina del Noroeste, dijo que el Ejecutivo debe
dar a conocer las reglas de diálogo para dicha reforma, la cual debe estar
enfocada a una lógica de producción, de mercado y de apoyos a los productos
estratégicos. Bedolla y Luis Gómez Garay, dirigente de la Unión General Obrera,
Campesina y Popular, apuntaron que el campo requiere de la firma de un nuevo
Pacto Rural entre el Estado y los agricultores, sobre todo con los productores
de granos básicos.
Para el senador Encinas, la
modificación legislativa es para entregar a las mineras, a quienes quieren
explotar el gas shale, a los desarrolladores turísticos y a los
especuladores inmobiliarios las riquezas que implican los ejidos y comunidades.
Advirtió que hay una coalición
conservadora que pretende avasallar al país, como parte de tal situación y
resultado de la reforma energética,previa embestida en contra de los
trabajadores petroleros y electricistas.
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