|°.- Lo más importanteEl centro Las Libres afirma que hay 160 mujeres en Guanajuato enfrentando un proceso judicial por haberse practicado un aborto ilegal.
°.- HRW considera que ningún Código Penal debería penalizar el aborto
°.- GIRE informa que no hay información oficial al respecto
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — Verónica Cruz, directora del centro Las Libres, afirma tener un reporte de 160 mujeres en Guanajuato enfrentando un proceso judicial desde el 2000 a la fecha por haberse practicado un aborto clandestino.
Sin embargo, sólo 14 tienen sentencia: todas pasaron entre uno y cinco días en la cárcel antes de ser liberadas bajo caución.
Cruz explica a CNNMéxico que para conocer esa cifra acudió a cada uno de los diez reclusorios que se ubican en la entidad para revisar cada caso.
En su registro tiene a 39 mujeres con un proceso judicial abierto por abortar en Puebla, más dos en Michoacán y otra en Querétaro.
"Una situación más grave es la de las mujeres que están en la cárcel pagando sentencia por el delito de homicidio", dice la directora del centro Las Liebres.
En el caso de Guanajuato hay seis mujeres purgando penas de entre 25 y 29 años de cárcel, y otra joven que obtuvo su libertad hace más de un mes, después de apelar su condena.
En Veracruz había diez mujeres encarceladas por abortar, pero fueron liberadas en marzo de 2010.
Fernanda Díaz de León, vocera del Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), comenta que "se trata de un problema gravísimo. Primero de acceso a la justicia, de discriminación, de estereotipo", pues la mayoría de los casos son abortos o partos accidentales.
Las cifras de mujeres encarceladas no son compartidas por todos.
"Ni son todos los estados ni son todas las mujeres", señala a CNNMéxico Díaz de León.
Un organismo en Guanajuato comenzó a realizar estudios sobre la criminalización del aborto y después se sumaron otros con cifras de Puebla y Veracruz: no hay información oficial al respecto.
La abogada Ingrid Tapia sostiene que no hay una sola mujer en la cárcel por esta conducta.
Explica que la diferencia es que el aborto está tipificado con penas máximas de cinco años, dependiendo de cada código penal estatal; otro delito es el homicidio en razón de parentesco: cuando la madre no auxilia al bebé a sobrevivir en los últimos meses del embarazo, este último alcanza penas hasta de 30 años.
Ingrid Tapia ha participado en la elaboración de varios códigos civiles y penales, y ha dado seguimiento jurídico a las reformas en 17 estados mexicanos que ponen un "candado" para evitar la despenalización del aborto hasta la semana 12, como ocurrió en el Distrito Federal.
La Ciudad de México es la primera entidad en despenalizar la interrupción del embarazo en el país, y lo hizo desde abril de 2007.
Tapia destaca que el aborto es un delito históricamente tutelado por el sistema jurídico mexicano.
"Un delito no puede ser al mismo tiempo un derecho", advierte.
Para Marianne Mollmann, directora de la División de los Derechos de las Mujeres de HRW, "ningún Código Penal debería penalizar el aborto y la mujer debería tener acceso a un aborto seguro, en cualquier situación, es lo que dice el derecho internacional".
En entrevista con CNNMéxico, indica que "ninguna mujer tiene derecho a un aborto legal en México, incluso antes de los cambios constitucionales. Antes no hubo acceso, ahora no va a haber acceso, y me imagino que el gobierno mexicano, por lo que sé yo, no está trabajando para un mayor acceso".
Tanto Marianne Mollmann como Fernanda Díaz de León y Verónica Cruz, coinciden en que se trata de un problema de acceso a los servicios de salud, pues ni siquiera se quiere dar atención a las mujeres que requieren un aborto por alguna de las causas absolutorias
No hay comentarios:
Publicar un comentario