GOLPE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

FUERA DE FOCO
Por: SILVIA NÚÑEZ HERNÁNDEZ

El robo artero del que fue objeto el columnista, Aurelio Contreras Moreno en su domicilio, pone nuevamente en manifiesto el grado de intolerancia gubernamental a la que está expuesto el gremio periodístico crítico. Entraron a su casa, los delincuentes se llevaron consigo dos pantallas planas y su computadora. Curiosamente, cargaron con su herramienta de trabajo, dejando un claro mensaje para el periodista, quien a través de su columna Rúbrica, ha expuesto en innumerables ocasiones las incapacidades e ingobernabilidad de la administración duartista.

El colega periodista, aludió estar harto sobre la situación que prevalece en la entidad. Sobre todo, en la parte en donde el gobierno de Javier Duarte de Ochoa muestra un lacerante desapego con relación a la inseguridad que domina al estado de Veracruz. Qué decir del Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras quien omiso y hasta burlón se conduce en su gestión. No logra hallar ni un alfiler en su costurero, mucho menos a los delincuentes reales que transgreden la ley y hasta a veces hace sentir que los protege con el manto de la impunidad. Más está preocupado en andarle haciendo el “caldo gordo” a su patrón, instaurando “investigaciones” circenses en contra de servidores públicos opositores –como el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río- que ponerse a investigar todas y cada una de las personas ejecutadas que siendo localizadas en parajes; asesinados y con señales de tortura, los cientos de desaparecidos como también los constantes robos a casa habitación, establecimientos y automóviles. Su amigo entrañable, Bermúdez Zurita le da mucho trabajo y este se va constantemente a “chiflar a la loma” haciendo que no ve nada.

¿Hasta cuándo el secretario de Seguridad Pública dejará la ineptitud que lo ha caracterizado desde que tomó el mando y control de la dependencia? ¿Para qué necesita tener el “control” absoluto de las corporaciones policíacas Arturo Bermúdez Zurita si ha mostrado, verazmente, una incapacidad lacerante que le está costando la vida a miles de veracruzanos?

Las muestras de solidaridad a Aurelio Contreras, tanto de periodistas de diversos municipios del estado y de la sociedad, fue instantánea en las redes sociales. Indudablemente, producto del trabajo serio que el colega periodista realiza y expone a través de sus entregas. Para nadie es extraño el mensaje proveniente de quienes se sienten “dolidos” por sus trabajos periodísticos. Lo inconcebible es que pretendan continuar conduciéndose con las canalladas de siempre.

La cobardía es característica de personas “enanas” de pensamiento. Aquellas que para poder defenderse tienen que utilizar este tipo de pueriles acciones y no son capaces de actuar de frente. Ellos solos, con sus propios medios y argumentaciones. Pero que podemos pedirle a un gobierno que se ha caracterizado por actuaciones y acciones realmente infantiles y de puras vísceras. Nada hemos visto inteligente; ni de parte de la cabeza, mucho menos de su gabinete, que están igual o peor que quien dirige el barco.

Nuestro absoluto apoyo y solidaridad para Aurelio Contreras Moreno y por ende a Mónica Mendoza Madrigal, pareja sentimental del columnista, quien también en su cuenta de Facebook denunció el robo y además compartió que es la segunda vez que allanan su domicilio en la ciudad de Xalapa.

Denunciar la irresponsabilidad para llevar a cabo sus funciones de parte de los servidores públicos, debería ser un arma legal que los ciudadanos mantienen en contra de los malos funcionarios. Tanto el gobernador, como el Fiscal General del Estado (FGE) y como el secretario de Seguridad Pública, están infringiendo en un delito del rubro penal al no realizar debidamente las funciones conferidas. Su negligencia contrae sanciones administrativas y en el mejor de los casos –para el ciudadano- hasta la cárcel.

La ley es la ley. El problema es que los gobernados no hacen uso de ella para librarse de este pésimo gobierno. Les comparto amable lector lo que establece la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos para el estado de Veracruz.

CAPÍTULO III INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL

Artículo 319.- Se impondrán de uno a ocho años de prisión y multa hasta de doscientos días de salario al servidor público que deje de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en perjuicio de los derechos de un tercero o en beneficio propio o ajeno.

Artículo 320.-Se impondrán de tres a diez años de prisión y multa hasta de cuatrocientos días de salario al servidor público que:
I. Por razón de su empleo, cargo o comisión tenga conocimiento de que existe interés o posibilidad de lesionar el patrimonio de los Poderes Públicos o de alguno de los organismos autónomos de Estado, de alguna dependencia o entidad de la Administración Pública, estatal o municipal, y no lo informe a su superior jerárquico por la vía más rápida, y lo confirme por escrito o, en su caso, no evite el daño si está dentro de sus facultades hacerlo; o

II. Al concluir el empleo, cargo o comisión no entregue a la persona autorizada para recibir los bienes, documentación, archivos, expedientes y todo lo que haya estado bajo su responsabilidad.


ABUSO DE AUTORIDAD

Artículo 317.- Se impondrán de dos a ocho años de prisión y multa hasta de doscientos días de salario al servidor público que ilegalmente ordene o ejecute un acto o inicie un procedimiento, en beneficio propio o ajeno o en perjuicio de alguien.

Artículo 318.-Se impondrán de tres a diez años de prisión y multa hasta de cuatrocientos días de salario al servidor público que:

I. Por sí o por interpósita persona sustraiga, reproduzca, entregue, destruya, oculte, utilice o inutilice ilícitamente información o documentación que se halle bajo su custodia, o a la cual tenga acceso o conocimiento, en virtud de su empleo, cargo o comisión;

II. Indebidamente otorgue concesiones para la prestación de servicios públicos o de explotación, aprovechamiento o uso de bienes del Estado o de los municipios;

III. Indebidamente otorgue permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones o cuotas de seguridad social; en general sobre ingresos fiscales y sobre precios o tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados en la administración pública estatal o municipal;

IV. Indebidamente otorgue o realice obra pública o contrate adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, inversiones de fondos y valores o deuda, con recursos públicos;

V. A sabiendas aplique fondos públicos a un fin distinto al que estaban destinados o hiciere con ellos una erogación ilegal; o

VI. Realice inversiones, enajenaciones, adquisiciones o cualquier otro acto que produzca algún beneficio económico indebido, para sí o para otro, valiéndose de información que tenga en razón de su empleo, cargo o comisión.


Indudablemente, al menos medio gabinete del actual gobierno de Javier Duarte de Ochoa debería de estar en prisión, no gozando de la libertad y hasta con cargos públicos para que continúen robando.

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