Comerciantes procedieron vs alcalde por abuso de autoridad.
Viernes, 10 Junio 2011
LEOBARDO LIMA
LEOBARDO LIMA
EL MUNDO DE CÓRDOBA
Orizaba.- Por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, daño en propiedad ajena y lesiones, fueron denunciados ante el Ministerio Público del sector sur de Orizaba, el alcalde, Hugo Chain Maluli, el síndico, Guarino Castelán Crivelli, el director de Desarrollo Económico, José Luis Martínez Sánchez, la administradora del mercado Zapata, Lucía Ramos Rubio y el director de Seguridad Pública Municipal, Fernando Trueba Coll.
La secretaria en turno, Patricia Montiel Palacios, inició la investigación ministerial número 455/2011 y es probable que los presuntos responsables a excepción del Presidente municipal, sean citados a comparecer en las próximas horas.
Fueron 53 comerciantes los que presentaron formalmente su denuncia anoche, los cuales reclamaron las pérdidas económicas que sufrieron y que ascienden a más de $762 mil.
Señalaron que son comerciantes fijos y semifijos de las calles adyacentes al mercado Zapata, los cuales han trabajado durante más de 20 años en esos lugares, pero el pasado alcalde, Juan Manuel Diez Franco pretendió desalojarlos, el cual no logró su objetivo, debido a una suspensión decretada por la Sala Regional Unitaria zona centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado, dentro del expediente 311/2010, dictada el 15 de octubre del 2010.
Mencionaron que las citadas autoridades, pasaron por alto la existencia del juicio de amparo promovido en contra de la resolución dictada en fecha del 17 de febrero del 2011, por el Tribunal de lo Contencioso, donde se encuentra radicado bajo el número 167/2010 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Córdoba, por lo que el Ayuntamiento no debió de haber ejecutado el desolojo.
Reiteraron que estas acciones tomadas por las autoridades, nunca fue avalada por el cuerpo edilicio, además de que incumplieron los acuerdos que existían.
Afirmaron que la administradora pretende cobrarles a cada comerciante $6 mil, para que les devuelva sus básculas, no así la mercancía que fue echada a los camiones de limpia pública, durante el violento desalojo que sufrieron.
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