El gobierno estatal utiliza el sistema judicial para perseguir y hostigar a los activistas y sus familiares, denunció el Centro "Digna Ochoa".
Hermann Bellinghausen
Publicado: 07/07/2011
México, DF. El Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa” denunció en Tonalá, Chiapas, que “el Estado mexicano, y en particular el gobierno de Chiapas, utilizan el sistema judicial para perseguir, hostigar, encarcelar a defensores de derechos humanos y a sus familiares”. Esto, al informar sobre el recrudecido “hostigamiento judicial” contra los defensores en la entidad, en particular Nataniel Hernández Núñez, director del Centro.
Además de que este tiene abiertos varios procesos judiciales desde febrero y marzo, los cuales podrían reactivarse en fecha próxima, agentes de la Procuraduría General de la República se presentaron en el domicilio de los padres del abogado para entregarles sendos citatorios de “diligencia penal”, en el expediente A.P PGR/CHIS/ARR/57/2011.
Bersaín Hernández Zavala y Guadalupe Núñez Salazar, conocidos luchadores sociales desde hace décadas, fundadores del histórico Frente Cívico Tonalteco, estarían siendo investigados por participar en las protestas que el 2 de marzo consiguieron la liberación de su hijo Nataniel, detenido por la policía federal. El “Digna Ochoa” externa su preocupación por “la amenaza constante contra la familia de nuestro director, quien en varias ocasiones ha sido detenido y encarcelado por delitos falsos”.
Por su parte, el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, adherente de la Otra Campaña, anunció su “respaldo total” al abogado y a sus padres. “Son parte del Consejo y no están solos, son trabajadores y luchadores sociales ampliamente conocidos en todo el estado, y han caminado junto a los pueblos y la gente”. Añade que Bersaín “se encuentra enfermo, situación que se ha agravado por la persecución y amenaza de parte de los niveles del gobierno federal, estatal y municipal”.
Desde Tapachula, también en la costa, el Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, que inicialmente llevó la defensa de Hernández Núñez, y conoce bien los expedientes de su caso, los de otros dos abogados y varios miembros del Consejo Regional, detenidos en febrero y marzo, expresa: “Por el contexto en que se dan las acusaciones contra el compañero, el arresto, el encarcelamiento y el proceso penal, no fue muy complicado constatar que jefes policiacos, un agente del Ministerio Público (MP), así como la jefa de asuntos jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, utilizaron instituciones encargadas de impartir justicia para reprimir a un defensor de derechos humanos”.
El “Fray Matías de Córdova” detalla inconsistencias y contradicciones de la averiguación previa 11/IC22/2011, iniciada por el agente del MP Carlos Ruperto Sánchez, adscrito a la Fiscalía Istmo-Costa de la procuraduría estatal: testimonios extraídos con amenazas o tortura, acusaciones contradictorias o literalmente idénticas de distintos “testigos”. Señalar a Hernández Núñez “era la consigna” judicial. Todo, en el marco una protesta del Consejo Regional el 22 de febrero, que fue reprimida.
El análisis concluye que “se utilizaron formatos para fabricar ‘pruebas’ contra Nataniel Hernández”. El fiscal “echó mano de distintas probanzas ad hoc para inculparlo dolosamente e intenta sostener una farsa jurídica para perseguir y castigar, no ya un delito, sino a un defensor de derechos humanos”. Según el centro tapachulteco, “una justicia que persigue defensores, que se basa en pruebas fabricadas, consignaciones e inculpaciones de oficio, no es justicia”.
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