La Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), Navy Pillay. Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F., (apro).- Amnistía Internacional acusó hoy al gobierno de Estados Unidos, particularmente al de Texas, de desafiar abiertamente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya al desacatar el fallo del Caso Avena, que ordena que los expedientes de 51 mexicanos sentenciados a pena capital sean revisados, debido a que, dijo, se violó el derecho de los inculpados a la asistencia consular.
Luego de condenar la ejecución del ciudadano mexicano Humberto Leal García, que se convirtió en la víctima número 26 de este año en el vecino país del norte, el organismo sostuvo que la pena capital se aplicó a pesar de la oposición de los gobiernos de México y EU, y funcionarios de Naciones Unidas.
En un comunicado titulado “Texas desafía a la CIJ”, AI recordó que la CIJ en el fallo Avena que emitió en marzo de 2004 hizo hincapié en que la sentencia coloca a Estados Unidos en la obligación de acatarla que “debe realizarse sin condiciones, ante el incumplimiento de lo que constituye un comportamiento internacionalmente ilícito”, sin embargo Texas no dio marcha atrás en su argumento de que el tribunal internacional no tiene jurisdicción en ese estado.
Detalló que aunque la Corte Suprema se negó ayer a conceder una suspensión de la ejecución a Leal García por cinco votos a favor y cuatro en contra, los jueces disidentes “se quejan de las graves consecuencias internacionales que se deriven de la ejecución”.
Aunque al final pesó más el argumento de que no tenían autoridad para hacerlo a la luz de la petición del presidente Barack Obama, cuyo gobierno advirtió de las consecuencias de este caso en la política exterior de Estados Unidos.
Por separado, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), Navy Pillay, coincidió con AI en que Estados Unidos violó el derecho internacional al permitir la ejecución de Leal García.
“Lamento profundamente la ejecución del mexicano Humberto Leal García después de una decisión de último minuto de la Suprema Corte de Justicia que negó la suspensión de la ejecución”, dijo.
Sostuvo que “lo que el estado de Texas ha hecho en este caso es imputable a la ley de los Estados Unidos y compromete su responsabilidad con los tratados internacionales”.
Leal García fue ejecutado este jueves con una inyección letal en la prisión de Huntsville, Texas, por la muerte de una joven de 16 años en 1994. Sus abogados sostuvieron durante el proceso que su derecho a asistencia consular fue violado, porque nunca se le notificó que tenía derecho a la asistencia de su país.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que “esto nunca se llevó a cabo”.
“La ejecución socava el papel de la Corte Internacional de Justicia y sus ramificaciones pueden extenderse mucho más allá de Texas”, dijo Pillay tras señalar que envió dos cartas sobre el caso al gobernador Perry y a la Junta de Indultos y Libertad Condicional.
Según la comisionada, “también es responsabilidad de todos los gobiernos federales asegurar que todos los estados individuales respeten las obligaciones internacionales asumidas por el país en su conjunto”.
“El Congreso federal también debe asumir sus responsabilidades y actuar para remediar la brecha en la ley de Estados Unidos para que un caso tan desafortunado como este no se repita en el futuro”, enfatizó Pillay
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